PC/PRO impugna ante Contraloría la designación de Ramiro Mendoza como presidente del Consejo para Modernización del Estado

El pasado 27 de diciembre, el Diario Oficial publicó la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Modernización del Estado y definió a Ramiro Mendoza como su presidente. Para los diputados Daniel Núñez y Boris Barrera, el nombramiento del ex Contralor por parte de Sebastián Piñera cae en la ilegalidad, pues Mendoza actualmente representa como abogado a grandes grupos económicos en causas en contra del propio Estado de Chile.

Este viernes 4 de enero, el jefe de la bancada PC/PRO, diputado Daniel Núñez, junto al subjefe de la bancada, diputado Boris Barrera, llegaron hasta la Contraloría General de la República para presentar una impugnación al nombramiento de Ramiro Mendoza como el presidente del Consejo para la Modernización del Estado.

Para los parlamentarios, el nombramiento realizado por el propio Presidente de la República no es ético ni legal, en atención a los conflictos de intereses y causales de incompatibilidad que le afectan.

Por un lado, Ramiro Mendoza anuló en el año 2010 -cuando era Contralor de la República- el sumario por el fraude en Carabineros, el que hubiera permitido detener los millonarios alcances del conocido “pacogate”.

Además, el ex Contralor representa como abogado a grandes grupos económicos en juicios contra el Estado de Chile, justamente al que hoy asesora para su modernización.

“Mendoza además está encabezando causas en contra del Estado en defensa de empresas que han incumplido las normas vigentes. Particularmente, él es abogado de Aguas Andinas, empresa que está demandada por el Sernac en el año 2017 cuando se produjo el corte de agua en la región Metropolitana. También es abogado de la minera Los Pelambres, que está siendo demandada por el municipio de Salamanca por el no pago de patentes en materia del consumo de bienes nacionales de uso público”, detalló el diputado Daniel Núñez.

En ese sentido, el requerimiento detalla que en el cargo en que se nombró a Mendoza tiene una función pública, razón por la que está sujeto al principio de probidad administrativa que rige para todos los funcionarios públicos y autoridades de Gobierno.

“Este principio de probidad establece inhabilidades cuando una persona está representando a empresas contra el Estado. Por eso venimos a  pedir que se declare ilegal el nombramiento de Mendoza por estas ilegalidades y que se proceda a nombrar a otro presidente de este consejo asesor”, afirmó Núñez.

Para el subjefe de la bancada PC/PRO, diputado Boris Barrera, la incompatibilidad entre presidir el Consejo Asesor para la Modernización del Estado y defender a los grupos económicos en causas contra el Estado, habla de un complejo tema de fondo respecto de los intereses tras estos nombramientos.

“Nos preocupa el rol que tendrá este comité. Se supone que tiene que evaluar las políticas y tiene que proponer políticas de Estado que se puedan transformar en proyecto de Ley. Si él tiene intereses en otras cosas, esto puede resultar no beneficioso para el Estado, sino que beneficioso para las empresas que representa o a las empresas que pueda representar en el futuro”, concluyó el diputado Barrera.

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