Diputada Santibáñez pide censura al Presidente de la Comisión Revisora de Acusación Constitucional contra ministro Figueroa

La parlamentaria acusó al diputado Juan Fuenzalida de negarle al abogado constitucionalista Jaime Gajardo la posibilidad de intervenir en la comisión, esto, en un momento cúlmine de la instancia en lo que podría significar una maniobra política de la derecha.

La parlamentaria, única representante de la oposición en esta instancia revisora de la acusación constitucional, presentó la censura basándose en el artículo 211 del Reglamento de la Cámara sobre la conducta del presidente de la comisión, señalando que de acuerdo al artículo 196 “sólo por la unanimidad de los diputados presentes en la comisión podrá revocarse un acuerdo previo válidamente adoptado”, esto, en relación a recibir invitados los días 10 y 11 de agosto inclusive , acuerdo que no se habría respetado, dejando fuera de las exposiciones al abogado constitucionalista Jaime Gajardo quien se referiría a la contestación del Ministro.

La diputada Marisela Santibáñez a raíz de esto indicó que la invitación se cursó pasadas las 22:00 horas de ayer para el abogado, por lo que “me tuve que limitar de acuerdo al artículo 211 a hacer un reclamo de conducta al presidente de esta comisión el diputado Juan Fuenzalida que dejó sin efecto la invitación al abogado constitucionalista, el Sr. Gajardo quien iba a hacer el análisis de la contestación, lo que es un punto relevante en la acusación constitucional”

Para la legisladora del PC, esto significó una falta de respeto “a la comisión, hacia mi persona siendo la única diputada de oposición en esta acusación constitucional, sino que también a la Cámara de Diputados, pero también hacia los compañeros y compañeras que firmaron esta acusación constitucional contra el Ministro Figueroa”.

Marisela Santibáñez indicó que esta decisión arbitraria del diputado Fuenzalida es inaceptable, pues “en momentos tan importantes, saltarnos a un invitado porque simplemente se le ocurrió que no escucháramos a los abogados que venían a plantear lo de la contestación a la defensa, algo a lo que yo me opuse, esto a través de un chat y recién a las 10 de la noche se toma la decisión de invitarlo por la presión que ejercimos cuando hicimos notar que el 5 de agosto se tomaron los acuerdos”.

“Cuando no se cumplen los acuerdos, se produce una falta, cuando no se cumplen los acuerdos, no se procede correctamente, así es que la censura al presidente de la Comisión revisora está planteada”, recalcó la parlamentaria a la salida de la comisión.

Cabe señalar que este miércoles es el último día de comisión, “donde vamos a argumentar y votar, pero más allá de donde llegue esta acusación creemos que el procedimiento en nuestras distintas comisiones merece el mismo respeto y el argumento entregado por el diputado diciendo que “mi vida no gira en torno a la acusación constitucional por lo tanto no contesté a tiempo”, me parece que está fuera de lugar para el respeto que le debemos a nuestro juramento , el respeto que le debemos a las labores que nos asignan y recordar que la presidencia de esta comisión es voluntaria, porque te pueden nombrar en ese cargo, pero tú voluntariamente lo tomas o no”.

“Se acabó el fair play en la comisión revisora , yo tuve una muy buena intención de que todo se diera , recibimos a los invitados de forma pareja , pero se falta a un acuerdo y cuando se falta a un acuerdo, hay que alzar la voz”, concluyó la diputada.

Denuncian en Comisión Revisora de Acusación Constitucional que Educación de Adultos es invisibilizada en pandemia

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«Las subvenciones en la Educación para Adultos han bajado drásticamente lo que ha impedido cumplir con los protocolos sanitarios», señaló David Navarro ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional al ministro Figueroa.

David Navarro, profesor y Director del CEIA de Coyhaique, abordó en la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el Ministro Figueroa las diferentes dificultades que han debido abordar en pandemia para dar cobertura a los y las adultas que están cursando sus estudios de enseñanza media. Para la diputada del PC Marisela Santibáñez, única integrante de oposición en esta instancia, esta situación es compleja y es refleja una realidad a nivel nacional totalmente invisibilizada.
El profesor y director del Centro de Educación Integrada de Adultos Josefina Méndez de Coyhaique, David Navarro relató el déficit económico que atraviesan y al incumplimiento en el pago de los dineros comprometidos por el gobierno vía subvención, los que serían insuficientes dado que su matrícula aumentó de 138 estudiantes en el mes de marzo a 188 en el mes de agosto, diferencia por la cual el Ministerio no habrían desembolsado ningún recurso.
Navarro agregó a esto que también se debió destinar recursos a la impresión de material educativo, gasto que no estaba considerado para el Ministerio, lo que a su juicio significó “que la educación de adultos fuera dejada de lado, no se nos tomó en cuenta”, señalando además que dado el déficit y para suplir la brecha de conectividad digital, los mismos educadores y educadoras se organizaron en cuadrillas para entregar las guías de estudio y demás material en las casas de los y las estudiantes.
En este sentido, la parlamentaria agregó que “hoy conocimos la dura realidad de la educación para adultos, cuyas subvenciones han estado por debajo de las necesidades que tienen las y los estudiantes de esta modalidad de educación. Esta situación, sumada a los problemas de conexión y brecha digital de la gran mayoría de estudiantes han hecho imprescindible la presencialidad de las clases, pero esta misma falta de recursos impiden que puedan dar cumplimiento a los protocolos que han definido desde el Ministerio de Educación”.
Por otro lado, la diputada Santibáñez destacó las palabras de Pablo Soto, doctor en derecho en otra de las intervenciones en la sesión de hoy, quien señaló que aún el contexto de pandemia, el estándar esperable en la actuación del Ministro Figueroa no puede bajarse ni ocuparse como argumento para otros profesionales para justificar las falencias y errores.
Ante esto, la parlamentaria indicó que luego de 16 meses de pandemia “es insostenible que ocurran improvisaciones o errores” y que esto incorpora nuevos antecedentes para la acusación constitucional.
Por último y tras la exposición de Juan Pablo Torres, pediatra infectólogo, Marisela Santibáñez puntualizó que “su exposición da cuenta de la necesidad de ampliar la mirada a la salud, porque los protocolos sancionados por el Ministerio de Educación son los apropiados, pero no hoy no existe certeza de su grado de cumplimiento, por lo tanto, en aquellos establecimientos educacionales más precarizados por su infraestructura y falta de recursos, son espacios donde efectivamente pueden existir más posibilidades de contagio”.
Cabe señalar que esta acusación constitucional contra el Ministro de Educación Raúl Figueroa aborda la vulneración del derecho a la educación, de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación y la amenaza a la vida e integridad física y psíquica.

Partido Comunista solicita al TC desestimar el requerimiento de inconstitucionalidad sobre el segundo retiro del 10%

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Las diputadas Camila Vallejo y Marisela Santibáñez, acompañadas del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, la concejala por Santiago Irací Hassler, el concejal de la Florida Nicolás Hurtado y la Presidenta de CORPADE Dafne Concha llegaron hasta el Tribunal Constitucional para presentar un escrito en el que solicitan desestimar el recurso de inconstitucionalidad ingresado por el gobierno sobre el proyecto de retiro del segundo 10%.

Los representantes del PC, indicaron expusieron los argumentos para que el TC tenga presente a la hora de pronunciarse sobre la solicitud hecha por el gobierno, indicando que la reforma constitucional cumple estrictamente con las normas de procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, indicaron que el objeto del requerimiento es abiertamente antidemocrático, en tanto pretende ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre del poder constituyente derivado.

En ese sentido, Nicolás Hurtado, concejal de La Florida, expresó que “consideramos que lo que está haciendo el gobierno es una jugada política de baja monta, en la cual que lo que está logrando a través de este proceso de ingresar este requerimiento fue simplemente bajar diputados para que no votaran dentro de este proyecto”.

“Esto es una paradoja, por cuanto el Presidente Piñera en el primer retiro lo firmó, suscribió el decreto promulgatorio y eso evidentemente, si es que fuera así, entonces en este proyecto que no es tan distinto, estaríamos ante un acto flagrantemente inconstitucional por parte del mismo Presidente si es que este proyecto también fuera inconstitucional”, expresó Hurtado.

El concejal por La Florida agregó que se trataría de una “jugarreta política por parte del Ejecutivo , esto no tiene argumentos jurídicos y en este caso se está poniendo al debe la necesidad del pueblo, la necesidad de la gente de acceder a una autoayuda para poder recibir el aporte del 10% y de poder salir un poco de la situación de pandemia y grave que se encuentran por la situación derivada de ella”.

En la misma dirección, Irací Hassler, concejala por Santiago, sostuvo que lo que se debe defender es  “el derecho de las personas a sobrevivir ante la crisis y ante la pandemia, acá hay un gobierno y un Presidente que han dejado a las personas en la absoluta desprotección por parte del Estado y hoy día además quieren impedir que las personas puedan retirar sus propios recursos para sobrevivir en este momento tan duro”.

Hassler insistió en que el Partido Comunista va a agotar las instancias “para que ellos puedan al menos tener sus recursos para enfrentar este momento de crisis”.

La diputada Marisela Santibáñez, una de las firmantes de este segundo proyecto de retiro, recalcó que con la iniciativa del gobierno, los niños y niñas de Chile quedarían en la desprotección, esto, al no asegurar el pago de las deudas de pensión de alimentos.

 “Personalmente quiero emplazar a la Ministra del Trabajo y decirle que efectivamente nosotros no solo legislamos con transparencia, sino que con verdad. El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla realmente a los niños y niñas con los que estamos al debe, estamos en deuda con ellos y con su mantención; el derecho de los niños y niñas se ve trastocado en este proyecto presentado por el Presidente de la República”, recalcó la parlamentaria.

Por último, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue emplazó al gobierno sobre el pago de impuesto por que contempla el proyecto presentado por el Ejecutivo, indicando que se trataría de “un sufrimiento adicional para las familias”.

“Hacerle un llamado al Presidente de la República que se ponga la mano en el corazón, su familia ha tratado de no pagar impuestos o pagar la menor cantidad de impuestos toda su vida y hoy día, las familias que sufren -claramente él no pertenece a ese segmento-, les quiere imponer un sufrimiento adicional y un pago adicional. Esos dineros ya pagaron un tributo cuando se pagaron como renta, como salario, por lo tanto, es absurdo que el Presidente siga insistiendo en obtener recursos de las familias que son las que finalmente han terminado financiando esta pequeña reactivación de la economía en esta crisis”, insistió.

Jadue lamentó las equivocaciones del gobierno y emplazó a que deje de presentar proyectos con letra chica.

“El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y yo lamento que se siga equivocando a cada día, demorando la ayuda y no haciendo lo necesario, además, siempre llegando tarde y de manera insuficiente y tratando de ponerle letra chica a cada paso que da”, puntualizó. 

Diputados presentan proyecto de reparación e indemnización para víctimas de violencia estatal

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La autora del proyecto, diputada Camila Vallejo junto a las parlamentarias de su partido Carmen Hertz y Marisela Santibáñez, y con la firma de Matías Walker (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (PCS) y Natalia Castillo (RD), ingresó hoy a la Cámara esta iniciativa que beneficiaría a 4.000 afectados por la violencia y a familiares de fallecidos en el contexto del estallido social.

La diputada Camila Vallejo (PC), autora de la iniciativa legal, destacó este proyecto que busca reparar e indemnizar a las víctimas del Estado en el contexto de las protestas a nivel nacional desde el 18-O, afirmando que “Chile sigue en deuda con quienes iniciaron esta movilización histórica”.

“Nosotros estamos plenamente conscientes de que este país sigue en deuda con quienes iniciaron el estallido social, quienes iniciaron esta movilización histórica que nos permitieron el hermoso triunfo del 25 de octubre. Muchas de esas personas que se atrevieron a salir con fuerza a las calles, perdieron sus ojos, muchos murieron, muchos sufrieron daños no solamente físicos, sino también psicológicos que los van a marcar toda su vida. A ellos les debemos mucho y este país y este Estado lamentablemente sigue en deuda con ellos; la justicia no llega o llega tarde. Y no hay nada más injusto que la justicia que llega tarde”, indicó la diputada jefa de la bancada del PC.

Para la parlamentaria, además de las consecuencias en la vida, salud y la integridad física y síquica de los y las afectadas, es importante dar solución al requerimiento urgente de los fondos para costear de manera urgente los tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para reparar el daño causado, y así reinsertarse en su vida laboral y familiar.

“Lo que queremos hacer con este proyecto es contribuir un poco en algo que es tan necesario como lo es la reparación y a través de un procedimiento civil para acelerar los procesos de demanda hacia el Estado para la reparación, queremos hacer que las víctimas logren cuanto antes una justa reparación. Probablemente no va a ser todo lo que se espera, porque sabemos que los daños probablemente son irreparables, pero sí creemos que es necesario, ético y nuestro deber moral presentar este proyecto de ley”, afirmó Vallejo.

El proyecto indica que de acuerdo a las cifras con las que cuenta el INDH, al 19 de marzo de 2020, se contabilizaban un total de 3838 personas heridas y 460 de éstas con lesiones oculares, mientras que a marzo de este año, se contabilizaban 34 personas reportadas oficialmente como fallecidas producto de las manifestaciones. A esto se suma el gravísimo hecho ocurrido el 2 de octubre de este año cuando un joven fue arrojado desde el Punte Pío Nono por parte de un carabinero, es decir, se cuenta con antecedentes suficientes para justificar la presentación de esta iniciativa.

“Hemos estado trabajando además con las agrupaciones de víctimas de trauma ocular, las familias que han perdido a sus seres queridos, las agrupaciones de presos de la revuelta también, quienes están detrás de este proyecto y esperamos que nos acompañen en todo este proceso para que este proyecto sea ley de la República y no tengan que esperar 8 o 10 años para tener una justa reparación sino que ojala lo antes posible”, finalizó la diputada.

Cabe señalar que adicionalmente, el proyecto disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en una falta al no proteger los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de los manifestantes e incluso, de las personas que se encontraban en los lugares donde se desarrollaban manifestaciones sociales, teniendo así que sólo acreditar la existencia y cuantía del daño.

La autora del proyecto, diputada Camila Vallejo junto a las parlamentarias de su partido Carmen Hertz y Marisela Santibáñez, y con la firma de Matías Walker (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (PCS) y Natalia Castillo (RD), ingresó hoy a la Cámara esta iniciativa que beneficiaría a 4.000 afectados por la violencia y a familiares de fallecidos en el contexto del estallido social.

Bancada PC acusa publicidad ilegal de AFP´s en contra del retiro de fondos

Mediante un oficio dirigido al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, las diputadas y diputados comunistas exigieron sanciones en contra de las aseguradoras por infringir la normativa vigente. Sigue leyendo

Cámara de Diputados aprobó investigar subregistros en cifras de fallecidos por COVID 19

Foto: Agencia Uno

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